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Paloma Valencia defiende su proyecto para reformar la JEP: le dicen que es un “caramelo envenenado”

La senadora Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, y Diego Martínez, miembro de la comisión jurídica de la JEP, pasaron por los micrófonos de La W.

Paloma Valencia defiende su proyecto para reformar la JEP: le dicen que es un “caramelo envenenado”

Paloma Valencia defiende su proyecto para reformar la JEP: le dicen que es un “caramelo envenenado”

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Fue radicado en el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca modificar el tratamiento que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da a los comparecientes de la fuerza del Acuerdo de Paz. Coincidió con los nueve años del plebiscito por la paz en el que ganó el “No”.

Por los micrófonos de La W pasaron la senadora Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, y Diego Martínez, miembro de la comisión jurídica de la JEP. Ambos hablaron sobre el proyecto que busca sanciones menos severas para los miembros de las fuerzas militares que están siendo procesados en la justicia transicional.

Al respecto, la senadora y precandidata aseguró que la JEP quedó con unos problemas de diseño, por el tratamiento simultáneo, pero diferenciado entre los comparecientes fuerza pública y los de las Farc: “Se planteó un modelo para las Farc que suponía la pérdida de la presunción de inocencia, porque se entendía que todo guerrillero había cometido delitos de porte ilegal de armas, rebelión (…) Caso distinto es el de la fuerza pública, donde hay una presunción de inocencia y una legitimidad en sus acciones”.

También mencionó que surgieron varios problemas: “El primero, los máximos responsables de las Farc son siete, eso significa que los demás miembros de la estructura quedaron totalmente libres del cargo de secuestro. En cambio, en el caso de los falsos positivos, no encuentra usted eso (…) no hay solución para el resto de la tropa colombiana”.

Por su parte, Diego Martínez aseguró que la senadora Valencia “está proponiendo una desnaturalización del sistema, porque al proponerse sanción restaurativa para aquellos que no otorgaron esa verdad, por lo menos, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, podríamos estar inmersos en una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI)”.

Igualmente, señaló que el proyecto “podría convertirse en un caramelo envenenado (…) porque bajo la promesa de reducir penas y ampliar beneficios, se desvirtúan pilares esenciales del modelo de justicia para la paz”.

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