Aumenta la bolsa de recompensas en Risaralda para seguir afectando las organizaciones criminales
Este año se han entregado más de 180 millones de pesos

Recompensas en Risaralda (foto: Gobernación de Risaralda)
En lo corrido de este año, la administración departamental ha entregado $188 millones en recompensas a ciudadanos que, de manera confidencial, suministraron información clave para la judicialización de delincuentes. Estos pagos hacen parte de los $200 millones aprobados inicialmente por el Comité de Orden Público.
Gracias a esta herramienta se logró la captura de tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos dos presuntos jefes de sicarios que venían liderando un proceso de reclutamiento y expansión de sus operaciones delictivas en municipios como Mistrató, Belén de Umbría y Santuario.
De hecho, a la fecha, ya son 44 los integrantes de esta organización capturados en Risaralda, debilitando de forma significativa su accionar en actividades como el microtráfico y la minería ilegal.
En el más reciente consejo de seguridad, la Gobernación aprobó $50 millones adicionales para reforzar la bolsa de recompensas, con el propósito de incentivar nuevas denuncias y agilizar la ubicación de los delincuentes más peligrosos.
El secretario de Gobierno, Israel Londoño, destacó que esta estrategia se articula con la difusión del cartel de los más buscados de la Policía Nacional, lo cual ha motivado a la ciudadanía a participar activamente.
“Gracias a la información entregada por la comunidad, hoy podemos mostrar resultados concretos en la captura de integrantes de estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de los risaraldenses. Este trabajo articulado entre Ejército, Policía, Fiscalía y Gobernación demuestra que la participación ciudadana es clave para recuperar la seguridad en cada municipio”, afirmó Londoño.
La Gobernación de Risaralda reiteró su invitación a la comunidad para que continúe denunciando de manera segura y confidencial, recordando que el mecanismo de recompensas es un instrumento legal y efectivo que protege la identidad de quienes colaboran con las autoridades.