El 80 % de municipios en Risaralda tienen riesgo electoral: alerta temprana, Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en las últimas horas, lanzó una alerta temprana electoral la N°013-25 donde elevó una alerta sobre los riesgos que enfrenta el país de cara a los procesos electorales de 2025 y 2026.

En este panorama, Risaralda aparece como un territorio que requiere especial observación, no solo por su ubicación estratégica, sino por la presencia creciente de estructuras del crimen organizado y por las disputas de poder territorial que amenazan la libre participación política.

Risaralda hace parte de la macro región Centro Andina, conformada por seis territorios: Bogotá D.C., Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, que en conjunto agrupan 215 municipios.

En este conjunto regional, la Defensoría identificó los siguientes niveles de riesgo electoral:

• 14 municipios (6,5%) con llamado a la acción urgente, donde se encuentra, Dosquebradas, Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico.
• 45 municipios (20,9%) con acción prioritaria, Quinchía, Guática, Apía, Santuario, La Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal.
• 48 municipios (22,3%) en observación permanente,
• 108 municipios (50,2%) en acción ordinaria, La Celia, Balboa y Marsella.

Eisenhower Zapata, defensor de Derechos Humanos y miembro de la Mesa de Víctimas, hizo un análisis de la situación que hoy enfrenta Risaralda y esta alerta temprana por riesgo electoral que emite la Defensoría del Pueblo.

En el departamento, según informes previos del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), estructuras del Clan del Golfo y bandas locales de microtráfico han intentado acaparar corredores estratégicos, donde la criminalidad organizada se entrelaza con economías ilegales y violencia selectiva.

De acuerdo con la Alerta Temprana, los grupos armados ilegales utilizan mecanismos de presión, intimidación y control social para incidir en la política local: condicionan la movilidad de candidatos, imponen vetos en campañas y cooptan liderazgos comunitarios, afectando directamente el derecho a elegir y ser elegido.

Aunque el proceso electoral aún no presenta una amenaza que impida la realización de los comicios, la Defensoría insiste en que la violencia silenciosa —hecha de amenazas no denunciadas, extorsiones y cooptación— erosiona la democracia en territorios donde el Estado muestra debilidad institucional.

En este contexto, Risaralda se ubica dentro de los territorios que podrían recibir un “llamado a la acción prioritaria”, es decir, requieren intervención temprana para evitar que las dinámicas de violencia se traduzcan en riesgos directos contra candidatos, líderes sociales y votantes.

Recomendaciones: acción coordinada y vigilancia permanente

La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades locales y departamentales a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y articulación institucional.

Esto implica activar rutas de atención temprana, reforzar la seguridad de candidatos y líderes sociales, y garantizar la presencia estatal en zonas rurales y urbanas afectadas por economías ilegales.

Asimismo, el organismo sugiere monitoreo constante y articulación con la fuerza pública y organismos de control, para anticipar riesgos y evitar la instrumentalización del miedo como herramienta política.