¿Habrá consulta del Pacto Histórico? MOE pide al CNE y Registraduría pronunciarse lo antes posible

Pese a que la tutela que le permitió al Pacto Histórico inscribir precandidatos presidenciales para su consulta interna fue declarada improcedente -así se conoció este martes 7 de octubre por decisión del Tribunal Superior de Bogotá-, los tres aspirantes de ese sector, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, ratificaron su intención de continuar en el proceso.

No obstante, la última palabra no la tendría el Pacto Histórico pese a su buena intención, sino una autoridad competente. Para explicar lo que viene, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, pasó por los micrófonos de La W.

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¿Quién tiene la última palabra para realizar la consulta popular del Pacto?

“La última palabra la va a tener la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo Barrios, y señaló que ojalá la decisión se tome lo más pronto posible: “Y eso no es la próxima semana. Lo más pronto es que ojalá se pudiera decidir el día de hoy, 8 de octubre; que se digan las razones por las que se habilita o no la consulta”.

Y es que Barrios señaló que es necesario que se decida lo antes posible porque la Registraduría tiene que “imprimir las tarjetas electorales para la consulta”. De hecho, en caso de que sí se realice, ya se han movilizado muchos recursos, al rededor de $193.517 millones.

“Esto es un operativo gigantesco en todo el país. No estamos hablando de una consulta que se va a hacer solo en una ciudad o en cuatro ciudades, es en todo el país”, dijo.

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Por el momento, según el Tribunal Superior de Bogotá, se determinó que la decisión del CNE, que les otorgó personería pero de forma condicionada, no implica una “vulneración de derechos. Ustedes tienen otras vías para poder adquirir el derecho de fusionarse”, explicó Barrios.

En todo caso, la directora dijo que “estamos frente a un problema de incertidumbre jurídica impresionante (…) Más adelante puede venir una demanda ante el Consejo de Estado para que determine si era legítima la consulta, si se podía hacer una consulta interpartidista entre partidos en coalición, o incluso podrían demandar el resultado de la consulta”.

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