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Falsos positivos Casanare: JEP sancionará a general (r) Henry Torres Escalante y otros militares

Los 22 imputados hicieron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para perpetrar los crímenes en Casanare.

General (r) Henry Torres Escalante | Foto: Cortesía JEP

General (r) Henry Torres Escalante | Foto: Cortesía JEP

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP remitió al Tribunal de Paz a 19 exmiembros de la fuerza pública, dos civiles y un exdirector seccional del DAS para que emita sanciones propias, tras asumir su responsabilidad en casos de falsos positivos en el departamento de Casanare.

Según la investigación, en este subcaso del Caso 03 se han documentado 318 víctimas.

La lista la encabeza el mayor general (r) Henry Torres Escalante, quien entre 2005 y 2007 hizo parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional.

Los 22 imputados pertenecieron a la Brigada XVI, al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno). De acuerdo con la JEP, integraron una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate entre 2005 y 2008.

En total, 318 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de estas unidades militares. Los pobladores fueron estigmatizados y muchas familias padecieron con especial intensidad este fenómeno.

Tras aportar verdad que permitió reconstruir la magnitud de los delitos, su evolución y las dinámicas que los posibilitaron, la Sala de Reconocimiento postuló para sanción propia a los siguientes comparecientes:

De la Brigada XVI del Ejército Nacional:

  • Mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la unidad entre diciembre de 2005 y julio de 2007.
  • Teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta.
  • Sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz.

Del Gaula Casanare:

  • Mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante de la unidad.
  • Capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia.
  • Tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián, excomandantes operativos.
  • Cabo primero (r) Gélver Pérez García.
  • Soldado (r) Alexánder González Almario.
  • Del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno):
  • Teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante.
  • Capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, exjefes de inteligencia.
  • Teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, exjefe de operaciones.
  • Capitán (r) Miguel Andrés Sierra García.
  • Sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón.
  • Mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Eduardo Duarte Rojas.
  • Sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez.
  • Cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.

Además, la Sala postuló al detective Orlando Rivas Tovar, exdirector de la Seccional Casanare del extinto DAS, y a los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes actuaron como falsos informantes que engañaron a las víctimas para que fueran asesinadas por el Gaula Casanare.

A partir del proceso restaurativo derivado de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que los 22 comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad, la JEP imputó los crímenes de tortura y tratos inhumanos y degradantes a seis de ellos:

  • Wilson Salvador Burgos Jiménez
  • Marco Fabián García Céspedes
  • Jhon Alexánder Suancha Florián
  • Wilfrido Domínguez Márquez
  • Miguel Andrés Sierra García
  • Zamir Humberto Casallas Valderrama

Todos, excepto el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, manifestaron su intención de reconocer responsabilidad por estos delitos adicionales.

Los testimonios de las víctimas

Durante las audiencias y encuentros privados, las víctimas y el Ministerio Público informaron que sus familiares fueron ultrajados física y psicológicamente antes de ser asesinados. Tras contrastar esta información, la JEP comprobó que, en varios casos, se cometieron crímenes de guerra de tortura y tratos crueles, los cuales fueron imputados a estos seis comparecientes.

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