Procuraduría demanda y pide tumbar convenio Cancillería-Portugal para fabricación de pasaportes
El ente de control presentó demanda contra el convenio y solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca su nulidad total. Asegura que se vulneraron reglas de contratación.
Marcio Melgosa y pasaportes. Fotos: X @PGN_COL / Getty Images
La Procuraduría General de la Nación demandó y solicitó tumbar totalmente el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de pasaportes, suscrito por más de 1.3 billones de pesos.
El ente de control demandó la totalidad del convenio por medio de una solicitud de nulidad total, al concluir que la suscripción del mismo tuvo graves vicios e irregularidades que trasgredieron las normas de contratación estatal.
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Para el Ministerio Público fueron varias disposiciones legales las que fueron vulneradas, entre ellas por ejemplo los procedimientos competitivos de selección, así como vicios en la convocatoria y decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional al momento de aprobar su participación en el convenio.
“De acuerdo con la información allegada dentro de la vigilancia preventiva adelantada por la Procuraduría General de la Nación, se incurrió en una irregularidad en la suscripción del convenio interadministrativo y su contratación derivada, toda vez que la modalidad de selección, como fue la contratación directa, no era la procedente para el objeto a contratar” se lee.
Además, en la demanda se cuestionó, dentro de la petición de tumbar totalmente el contrato, que hubo una aprobación irregular de vigencias futuras y al mismo tiempo serias falencias en la estructuración financiera del convenio, donde no se entregaron estudios técnicos financieros que justificaran el monto contratado y la modalidad de pago en moneda euro.
“Las vigencias futuras no se surtieron con el debido trámite ante el CONPES y el CONFIS, lo cual infringe los parámetros legales descritos y podría, además, generar responsabilidades de tipo penal y disciplinario a los funcionarios intervinientes en la estructuración y aprobación del compromiso presupuestal” se argumentó.
De acuerdo con la Procuraduría, “se concluye entonces una falta en la planeación por evidenciarse claras falencias y omisión de ítems en el modelo económico para la operación del nuevo esquema de suministro de pasaportes, situación que se vislumbra con plena claridad ante la inexistencia de estudios y análisis previos a la propuesta presentada a la junta directiva para la determinación de las vigencias futuras” indicó el procurador Marcio Melgosa.
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En sus pretensiones, la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene que la Casa de la Moneda devuelva el dinero que haya recibido hasta la fecha para la ejecución del contrato, sus valores indexados, y además que liquide y pague en favor del Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta, los intereses más altos que permita la ley sobre todas las sumas liquidadas hasta que pague en su totalidad el dinero que haya recibido desde la suscripción del convenio hasta la fecha.
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