“No habrá crisis”: canciller asegura no haber sido notificada de demanda contra proceso de pasaportes

La canciller Rosa Villavicencio explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido notificado del proceso judicial, tras la demanda que interpuso la Procuraduría General de la Nación contra el proceso para la expedición de pasaportes que se firmó entre la Casa de la Moneda de Portugal, la Cancillería y la Imprenta Nacional.

“Nosotros somos muy respetuosos de los procesos judiciales y esperaremos a que nos notifiquen, en el momento no está admitida la demanda, cuando esté usaremos todas las herramientas de nuestro ordenamiento legal para poder responder y sea la justicia la que resuelva la controversia: lo que puedo decir es que no ha habido, no ha ni habrá crisis en los pasaportes”, dijo.

Además, la canciller reveló que más de 115.000 pasaportes siguen sin ser reclamados.

“Nunca los reclaman, producto de la alarma social que se produjo en los meses anteriores. Responderemos en el momento oportuno bajos los plazos”, aseguró.

Por eso, fue enfática en decir que el proceso para la elaboración de pasaportes “no tiene riesgo. Hay un proceso que se tiene que surtir y debemos ser respetuosos que cada uno haga su trabajo”.

En la mañana de este viernes 17 de octubre, en entrevista con La W, el procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se refirió a la demanda que presentaron contra el convenio entre el Gobierno y Portugal para la fabricación de los pasaportes.

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Al ser indagado sobre, si tras todo lo encontrado el convenio podría catalogarse como una “chambonada”, reafirmó que hallaron un importante grupo de inconsistencias.

“Yo lo llamaría un compendio de improvisaciones que van desde la estructuración del proceso hasta lo que tenemos hoy. (…) Es decir, todo lo que se venía diciendo desde hace varios meses se materializa hoy con esta demanda de nulidad”, dijo Melgosa.

Dentro del grupo de inconsistencias que fueron evidenciadas y por consecuencia se presentó la demanda, se encuentra por ejemplo, según explicó Melgosa, la no realización de un proceso licitatorio debido, en cambio una contratación directa.

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“El principal reproche que hacemos como Procuraduría General de la Nación en defensa de la legalidad es precisamente este. Aquí se pretermitió un proceso competitivo, es decir, lo que tenía que darse a través de un proceso donde se garantizara la pluralidad de oferentes a través de una licitación pública, que es la regla, no se hizo”, afirmó Melgosa.

Además, Melgosa puntualizó en las irregularidades encontradas en el papel que tendría la Imprenta Nacional en el convenio, donde la Procuraduría describió que apenas sería un “puente” con la Casa de la Moneda tercerizando en realidad sus funciones, sin tener capacidad.