Por su alto costo, Bogotá descartó incluir la vacuna contra el herpes zóster en esquema gratuito
La Secretaría de Salud elaborará guías con recomendaciones dirigidas a los pacientes con mayor riesgo.

Personal de la salud aplicando una vacuna (Foto: Getty Images) / Pedro Merino Higueras
Tras una evaluación técnica de la vacuna contra el herpes zóster, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que este medicamento no puede ser financiado por el sistema público debido a su alto costo y bajo impacto poblacional.
Precisamente, durante una intervención en un debate de control político ante el Concejo de Bogotá, el secretario de Salud, Gerson Bermont, explicó que la decisión de incorporar una nueva vacuna requiere un proceso riguroso basado en tres pilares: “el análisis técnico y político, la eficacia y seguridad del biológico y los criterios económicos y financieros”.
“Las decisiones en salud deben tomarse con responsabilidad y evidencia. No se trata solo de querer incorporar nuevas tecnologías, sino de garantizar que cada intervención sea efectiva, segura y costo-efectiva para la población”, dijo Bermont.
- Lea también: ¿Qué es la ‘culebrilla’ o herpes zóster? Experta explica enfermedad que da después de la varicela
El Distrito analizó la carga de la enfermedad, la eficacia de la vacuna y los costos asociados a su aplicación.
“Los resultados evidenciaron que, aunque la vacuna es segura y efectiva, no es costo-efectiva, debido a su alto valor —aproximadamente 2,1 millones de pesos por persona— y a que su principal impacto está en la morbilidad y calidad de vida, más que en la mortalidad”, dijo.
- Más información: ¿Cómo identificar el herpes zóster o ‘culebrilla’? Experta explicó
También, explicó que la vacuna no está disponible a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud lo que impide reducir costos y obliga a realizar negociaciones directas con los productores.
Finalmente, el secretario recordó que la responsabilidad de incorporar nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud previa evaluación del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, con base en la evidencia científica presentada por las entidades territoriales.




