Alertan presuntas irregularidades en contrato de alimentación para privados de la libertad en Cali
Veedurías ciudadanas denuncian supuestos pliegos “a la medida”, mientras que la Administración Distrital asegura que el proceso ha sido transparente y aún no ha sido adjudicado en contrato.
Un contrato por $12 mil millones de pesos, destinado a la alimentación de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y centros transitorios de Cali, llamó la atención de las veedurías ciudadanas, que advierten posibles irregularidades en la licitación adelantada por la Secretaría de Seguridad y Justicia.
Según los denunciantes, el pliego de condiciones incluiría requisitos académicos y técnicos demasiado específicos, como combinaciones exactas de carreras, especializaciones y maestrías.
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“Pedir un ingeniero de alimentos con doble posgrado en la misma área y nueve años de experiencia, junto a un nutricionista con especialización en auditoría en salud, que nada tiene que ver con la operación de cocinas, no tiene ninguna lógica técnica. Tiene, eso sí, toda la lógica de un posible direccionamiento”, señaló Angello Vásquez, abogado y veedor ciudadano.
Además, el proceso incluye exigencias logísticas relacionadas con la operación de las plantas de producción, que según las veedurías también limitarían la participación de otras empresas.
“Es una arquitectura contractual de exclusión. Lo que debería ser un contrato de alimentación se convirtió en un esquema de requisitos de laboratorio industrial. Es imposible que una empresa pequeña o mediana entre a competir con esas condiciones. Parecería estar todo diseñado para que solo uno llegue al final”, afirmó el veedor.
Las veedurías solicitaron la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación para determinar si hubo irregularidades.
Frente a las denuncias, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali respondió que el proceso se desarrolla de manera abierta y transparente, y que aún no ha sido adjudicado.
Desde la dependencia explicaron que esta es la primera vez que se adelanta un contrato de alimentación para personas privadas de la libertad, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
También señalan que durante la etapa inicial del proceso se recibieron 90 observaciones, de las cuales 26 fueron aceptadas y reiteran su disposición para contar con el acompañamiento de los organismos de control.
