Caso Álvaro Uribe Vélez: Cronología del expediente judicial que tiene fallo de segunda instancia
El Tribunal Superior de Bogotá definirá el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Álvaro Uribe y justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images
Luego de dos meses de la histórica condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá emitirá un fallo decisivo y que podría marcar un hito en materia judicial en Colombia, al anunciar la decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y material, además del Ministerio Público.
La decisión de 1.114 páginas de la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, fue analizada, debatida y resuelta por los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La sentencia de segunda instancia se da en medio del histórico juicio contra el expresidente.
Los magistrados que definieron el futuro jurídico del expresidente son: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, adscritos a la Sala de Decisión Penal número 19 del alto tribunal.
Fallo de primera instancia
El viernes primero de agosto, la juez Heredia Aranda, mediante un fallo de 1.114 páginas, condenó en primera instancia al también exsenador. Esto ocurrió tras considerar que la Fiscalía General de la Nación logró probar en medio del juicio que Uribe Vélez fue el determinador de los ofrecimientos de sobornos y ayudas jurídicas que hizo a través de su entonces defensor, el abogado Diego Cadena, en febrero de 2018, a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, para que declararan falsamente en contra del senador y actual precandidato presidencial Iván Cepeda, principal víctima en este caso.
Durante el juicio, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, presentó más de 35 testimonios. Según el fallo, dichas declaraciones permitieron acreditar una estrategia deliberada de manipulación de la justicia con el fin de afectar el buen nombre del senador Cepeda, contradictor político del expresidente.
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Según la juez Heredia Aranda, la Fiscalía también demostró que se buscaba que los exparamilitares se retractaran de las declaraciones en las que relacionaban a Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como Bloque Metro, que fue conformado en Antioquia en los años 90.
Juan Guillermo Monsalve
Uno de los testimonios clave fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, cuya versión, según la Fiscalía, se mantuvo firme y coherente desde el inicio del proceso. Las grabaciones obtenidas a través de los relojes espía también fueron determinantes para probar que la intención de Uribe y su defensa era alterar la verdad procesal con testigos falsos.
En su momento, la fiscal Orjuela afirmó:
“La estructura probatoria desplegada en esta audiencia —como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral— no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado, sin asomo de duda, que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”.
La juez también acogió los argumentos de las víctimas, en especial del senador Iván Cepeda, quien fue blanco de lo que su defensa calificó como “peregrinajes carcelarios” para conseguir testigos falsos.
El abogado Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, sostuvo en los alegatos finales que el expresidente fue el cerebro detrás de una estructura diseñada para obtener pruebas falsas y engañosas.
“El procesado (Álvaro Uribe Vélez) creó una máquina peligrosa para recoger evidencias falsas y posteriormente incumplió los deberes de seguridad que le imponía el manejo de la fuente de peligro que él mismo gestó”, aseguró Villalba.
Agregó que Uribe actuó con conocimiento del riesgo que representaban sus actuaciones para la justicia: “Puso en marcha esa máquina criminal y luego no solo no impidió que siguiera operando, sino que la dejó actuar con total libertad, consintiendo incluso su proceder delictivo, pues era el beneficiado directo”.
Villalba afirmó que el expresidente actuó con dolo, pues conocía que las acciones encomendadas a Cadena eran ilegales y, aun así, las promovió. En su criterio, Cadena fue el autor material de los delitos y Uribe, el determinador.
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Sin embargo, este caso tiene un origen.
El 16 de septiembre de 2011, el senador Iván Cepeda entrevistó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, lugar en el que permanecía privado de la libertad.
Monsalve habló en esa entrevista sobre la conformación del Bloque Metro, supuestamente en la hacienda ‘Las Guacharacas’, que perteneció en el pasado a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que fue azotada por la guerrilla del ELN. Precisamente en esa extensa finca fue asesinado Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, el 14 de junio de 1983 por las extintas Farc.
En la entrevista dijo que, en la masacre de San Roque, en la década de los 90, supuestamente el expresidente Uribe Vélez ordenó esa masacre.
Este tipo de manifestaciones generaron un profundo malestar en el expresidente, que en el año 2012 denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar que estaba buscando testigos falsos para relacionarlo con grupos paramilitares.
Pasaron los años y, en 2018, el alto tribunal archivó la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, abrió una investigación contra Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
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El 8 de octubre de 2019, el expresidente rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia y, luego de esto, quedó formalmente vinculado a la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Diez meses después, el 4 de agosto de 2020, el alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe Vélez, luego de escuchar las interceptaciones telefónicas que ordenó practicar, revisar más de 27.000 pruebas de audio y analizar un documento de más de 1.500 páginas que hacía parte de las investigaciones lideradas por el magistrado César Augusto Reyes.
El expresidente estuvo detenido en medio de la pandemia del COVID-19 en su finca El Ubérrimo, en Córdoba.
Posteriormente, el 18 de agosto de 2020, Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado, perdiendo el fuero que le permitía a la Corte investigarlo, por lo que su caso pasó a la Fiscalía, que en esa época estaba en cabeza de Francisco Barbosa.
Tras 66 días de detención domiciliaria y luego de una audiencia de más de 20 horas, una juez de Control de Garantías le otorgó la libertad al expresidente el 10 de octubre de ese mismo año (2020).
Solicitudes fallidas de preclusión
El 5 de marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó ante la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, la preclusión de la investigación, por considerar que no había pruebas que demostraran que Uribe Vélez había sido el “determinador” o que le había ordenado al abogado Diego Cadena ofrecer sobornos y ayudas jurídicas a exparamilitares para conseguir testigos falsos contra el senador Iván Cepeda.
El 6 de abril de 2022, la juez negó la preclusión y le ordenó a la Fiscalía investigar a profundidad.
Segunda solicitud de preclusión
El 29 de julio de 2022, el fiscal Javier Cárdenas solicitó por segunda vez que se precluyera la investigación, aduciendo lo mismo que su colega: que no había pruebas suficientes contra el exsenador.
El 23 de mayo de 2023, la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó la petición y conminó a la Fiscalía a investigar. El 6 de octubre de ese año, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión.
Hubo cambio de fiscales: uno renunció y otro se declaró impedido por haber opinado a favor del expresidente en columnas de medios de comunicación.
Acusación
Con la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, el caso tuvo un giro trascendental. El 9 de abril de 2024 (Día de las Víctimas de la Violencia en Colombia), la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez por tres delitos —es decir, le agregó uno más—, quedando así: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno.
El 17 de mayo se inició la audiencia de acusación y el 6 de febrero se inició formalmente el juicio en el que, según la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el “determinador” de lo que calificó como los “peregrinajes carcelarios” del abogado Diego Cadena, buscando falsos testigos contra Iván Cepeda.
Más de 35 testigos de la Fiscalía y otros cerca de 40 de la defensa se presentaron durante extensas audiencias. Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave, aseguró que no conoce a Álvaro Uribe Vélez.
La fiscal Marlene Orjuela pidió condena contra Uribe Vélez.
Víctimas también pidieron sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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