La doctrina de secta que descubrió la Fiscalía en Pacho, Cundinamarca; explotaban seguidores
La Fiscalía reveló que la secta ‘Pacto’, liderada por Óscar Darío Forero Usma, habría usado discursos espirituales, el consumo de yagé y jerarquías coercitivas para dominar y explotar a sus seguidores.

Fiscalía. Foto: Colprensa.
La Fiscalía 10 Especializada de Bogotá destapó los secretos de una organización que se presentaba como comunidad espiritual, pero que, según el ente investigador, funcionó como una secta coercitiva y explotadora en Pacho, Cundinamarca.
De acuerdo con la investigación, su líder, Óscar Darío Forero Usma, fue imputado por el delito de trata de personas agravada. La Fiscalía sostiene que el señalado reclutaba a jóvenes universitarios a través de discursos de sanación ancestral, ceremonias con yagé y promesas de transformación personal.
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“Según las denuncias instauradas por las víctimas y los elementos materiales probatorios recaudados, se obtiene que el implicado estableció presuntamente un vínculo con el pueblo indígena Siona para presentarse como aprendiz de sus tradiciones y saberes en medicina ancestral”, explicó el fiscal del caso.
Los orígenes del grupo
Según el expediente, en 2015, Forero Usma creó una organización llamada ‘Pacto’, en la que se autoproclamó guía espiritual y médico de la Universidad Nacional. Su carisma y discurso le permitieron ganarse la confianza de varios jóvenes que lo veían como una figura de autoridad.
“Fue así como esta persona creó una organización denominada Pacto, fungiendo como su líder y publicitándose como médico, con una elevada capacidad oratoria y un alto grado de carisma”, señaló el fiscal.
El grupo se presentaba como una comunidad autosostenible dedicada a la producción agroecológica y la elaboración de medicamentos naturales, con un aparente enfoque en la fraternidad y el servicio.
“Mostrándose como una comunidad autosostenible, buscaba un ejercicio centrado en el servicio con prácticas de fraternidad e igualitarismo.”
La investigación detalla que la organización pasó por varias sedes: Tengo, Cogua y finalmente en una finca alejada del casco urbano de Pacho, Cundinamarca, donde, según los fiscales, comenzó la fase más intensa de control y sometimiento.
De comunidad espiritual a secta coercitiva
“Con el tiempo, este grupo comenzó a adquirir una connotación de organización coercitiva destructiva denominada secta, dado que su fin real era el logro de poder y dominio del señor Forero sobre sus adeptos”, aseguró el fiscal.
La Fiscalía documentó cómo el líder impuso una estructura patriarcal, jerárquica y misógina, que le otorgaba un poder absoluto sobre los miembros, especialmente las mujeres, relegadas a labores domésticas y de servicio.
“Las mujeres eran consideradas para servir, reproducir y cuidar a la comunidad. Sus roles estaban centrados en cocinar, lavar, asear y trabajar gratis para el líder.”
Durante los rituales con yagé, Forero Usma afirmaba canalizar energías para “purificar” a sus seguidores, aunque según la investigación, ese discurso servía para reforzar su control emocional y espiritual sobre ellos.
El lema: ‘sufrir y servir’
Bajo el nombre Corporación PACTO —acrónimo de Pervivencia Ancestral, Comunidad, Territorio y Organización—, la agrupación promovía la idea de servicio, pero la Fiscalía considera que, en la práctica, está dinámica derivó en trabajo forzoso.
“El grupo comenzó a funcionar en torno a la obediencia y, con el tiempo, derivó en una explotación laboral de sus integrantes bajo la normalización de condiciones de precariedad”, indicó el fiscal.
Las víctimas relataron que trabajaban más de 12 horas diarias sin pago en un régimen de control psicológico y amenazas.
“Si deseaban desistir del grupo o la secta, se les advertía que podían sufrir daños.”
Según la Fiscalía, las primeras denuncias surgieron en Ecuador, donde Forero Usma habría iniciado su actividad antes de establecerse en Colombia. Finalmente, el hombre fue dejado en libertad por el juez que se encargó de las audiencias concentradas. Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación.
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La Fiscalía solicitaba una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
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