Judicial

Rama Judicial alerta por decisión del Gobierno que le recorta 5 billones a su presupuesto en 2026

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, tal recorte afectaría el pago de sentencias, jurisdicción agraria, y hasta el pago de servicios.

Jorge Ibáñez, Luis Alberto Álvarez, Octavio Tejeiro y Jorge Vallejo Jaramillo

Jorge Ibáñez, Luis Alberto Álvarez, Octavio Tejeiro y Jorge Vallejo Jaramillo

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial alertó que el Gobierno Nacional determinó en las últimas horas un nuevo recorte de más de 695.000 millones de pesos, con lo cual se le recortaría en total 5 billones de pesos a la Rama Judicial en 2026, frente a una solicitud de 16 billones.

De acuerdo con lo indicado por la Comisión Interinstitucional, compuesta por los presidentes de la Corte Constitucional (Jorge Ibáñez), Consejo de Estado (Luis Alberto Álvarez), Corte Suprema de Justicia (Octavio Tejeiro), Consejo Superior de la Judicatura (Jorge Vallejo), CNDJ (Mauricio Rodríguez) y la fiscal Luz Adriana Camargo, tal recorte comprometería servicios esenciales y pago de sentencias, por parte de la Rama Judicial.

“Esta decisión impacta entre otros, el pago de sentencias y la creación de cargos para atender la implementación de la Ley 2452 de 2025, por la cual se expidió el nuevo “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, y la Jurisdicción Agraria y Rural”, se lee en la declaración.

Por lo anterior, y ante la preocupación de la Comisión Interinstitucional porque esta situación posible llevaría a ponerse en riesgo hasta el pago de servicios públicos, se determinó una mesa de diálogo con el Ministerio de Hacienda para buscar salidas.

Tras la reunión sostenida con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se produjeron tres primeras conclusiones.

La Comisión gestionará una reunión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia para hablar de la distribución de los recursos del FRISCO, así como la instalación de una mesa técnica para hablar de las necesidades presupuestales prioritarias “desfinanciadas de la vigencia 2026, definir un cronograma de trabajo y plantear soluciones al déficit presupuestal identificado”.

Además, el ministerio tendrá que informar a la Comisión sobre la situación del decreto que incrementaba en 5.85% la bonificación judicial.

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