Indagan supuestas irregularidades detrás de las casas fiscales del Ejército
Un informe de control interno del Ministerio de Defensa presenta más de 30 hallazgos.
Ejército Nacional. Foto: Getty Images. / EGT
W Radio conoció un informe de control interno del Ministerio de Defensa en el que se presentan más de 39 hallazgos sobre presuntas irregularidades en el proceso de asignación y administración de las Casas Fiscales del Ejército en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Malambo, Medellín, Bello, Rionegro, Cali, Buga, Palmira y Yopal.
En Colombia, las casas fiscales son viviendas de propiedad del Estado que se asignan temporalmente a oficiales, suboficiales o soldados profesionales para su uso mientras prestan servicio activo en determinada unidad militar o en una zona específica.
En el documento, en poder de W Radio, se asegura que al realizar un análisis comparativo de los estados financieros 2023 frente 2022, se colige que el Instituto de Casas Fiscales (ICFE) no sería financieramente viable sin los recursos provenientes de INDUMIL, “en virtud a que al restar los recursos asignados por la mencionada empresa en las vigencia 2022, arrojaría un déficit de $7.622 millones y para la vigencia 2023, $8.598′ millones, contando que el incremento de los recursos fiscales de la vigencia 2022 a 2023 fue de un 28,70%, al pasar de $10.092 millones a $12.988 millones, recursos que se deberían usar en inversión”
Por otro lado, según el informe, se evidenció que los ingresos operacionales se incrementaron en un 14,89%, al pasar de $41.159 millones a $47.289, y los gastos generales que se incrementaron en 54,75%, al pasar de $13.105 millones a $20.281 millones lo que representa un 42.89% de los ingresos operacionales.
En el informe también se asegura que el ICFE supuestamente siniestró una póliza de seguro multirriesgo sobre unos eventos que presuntamente no se presentaron, como por ejemplo daños ocasionados por atentados terroristas, por el invierno y por vientos fuertes.
“Se evidenció que el ICFE siniestró la póliza de seguro multirriesgo -Todo Riesgo daño Material No.11921 del 18 de abril de 2021, por un valor de $3.838′439.620, sobre unos eventos que presuntamente no se presentaron y por el contrario se usaron los dineros en mantenimientos que no se les había realizado a los inmuebles, caso casa del comando de Tolemaida, Leticia, Cali, Pueblo Tapao, casa de Neiva e Ibagué, entre otros, que generaron un incremento diario porcentual en el valor del seguro de 378.32% y en pesos el valor diario pasó de $2′694.155 a $10′192.496 frente a la adición y prórroga de la misma póliza, teniendo en cuenta que el seguro inicial cubría 631 días y la adición y prórroga sólo 62 días situación que puede generar un presunto detrimento patrimonial”.
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Adicionalmente, se asegura que en el año 2021, por 631 días, se pagaba por la póliza Todo Riesgo de daño Material $1.700′011.657 y luego, por 683 días, después de siniestrada la póliza se han pagado $7.968.929.708,06, lo que supuestamente representaría un presunto detrimento patrimonial de aproximadamente $3.500 millones de pesos.
Según el informe, se observó que siendo el ICFE un establecimiento público del orden nacional, no ingresó a sus cuentas los valores reconocidos por la aseguradora por concepto de indemnización, así como tampoco se evidenció en los procesos de contratación para subsanar los presuntos eventos en las diferentes ciudades.
Por otro lado, se evidencia una serie de pagos realizados por la aseguradora por un valor aproximado a los 3532 millones, los cuales fueron autorizados por el director del ICFE de la época, Coronel Diego Alexander Ramos.
“Estos valores se consignaron directamente por AXXA Colpatria a los proveedores o contratistas seleccionados por el ICFE sin que se observarán los procesos contractuales, mediante los cuales se adjudicaron las obras a personas naturales o jurídicas que presuntamente realizaron las reparaciones locativas de las viviendas fiscales.
El documento indica que durante el proceso de revisión se solicitaron facturas electrónicas de cobro de arriendo y estas no fueron aportadas. Además, se evidenció que a mayo 31 de 2024 el ICFE tiene una cartera de más de 120 días en mora.
También se halló que la Cartera se maneja en una hoja de Excel, aplicativo SAINF y en SAP, situación que genera un presunto riesgo de fraude, por cuanto es evidente que se pueden borrar saldos morosos sin dejar rastro.
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Por último, se evidenciaron actas de entrega y registro de materiales de elementos que presuntamente no fueron utilizados en las viviendas a las cuales se les programo mantenimiento.
Hallazgos en visitas
En el documento, conocido por W Radio, se presentan hallazgos sobre supuestas irregularidades en contratos como la construcción de apartamentos para el personal de suboficiales en La Guajira y la construcción de dos edificios de apartamentos para el personal de oficiales y suboficiales en Tolemaida.
Además, en una visita realizada las unidades de vivienda de la seccional Río Negro, se pudo evidenciar una torre de apartamentos que se encuentra cerca de un agrietamiento de la tierra.
Por otro lado, en una visita al almacén general, en Bogotá, se encontraron inconsistencias entre los reportes del sistema SAP y el material físico, estableciendo novedades relacionadas con sobrantes, faltantes y materiales no registrados en el sistema de inventarios.
“Durante la toma física de inventarios, se observó una diferencia de material faltante por valor de más de 30 millones de pesos… por lo anterior, se concluye que el inventario presentado la auditoría tiene inconsistencias en las cantidades registradas versus las cantidades encontradas durante el conteo físico, situación que genera incertidumbre para la toma de decisiones”.
Por último, se hallaron presuntas irregularidades en el suministro y uso de combustible destinado para el funcionamiento de los vehículos del ICFE vigencia 2022.
Respuesta del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa le respondió a esta emisora que dicho informe corresponde al año 2024.
“Con la implementación de la política de integridad del Ministerio de Defensa Nacional, en abril de 2025 se adoptó la determinación de dar traslado al Área Anticorrupción de la DIJIN. Actualmente existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para determinar la posible comisión de un delito penal. Reiteramos que, como sector, acompañamos con transparencia todas las actuaciones institucionales, respetando la autonomía de los órganos de control y las garantías del debido proceso”, respondieron.
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