Piden al ministro de Justicia retirar ley de sometimiento alertando más riesgos ante Lista Clinton
En una carta conocida por W Radio, el abogado y exmiembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, Mauricio Pava, señaló que el proyecto sería inconstitucional.
Mauricio Pava y Augusto Ocampo
En una carta dirigida al ministro de Justicia (e), Augusto Ocampo, y la Comisión de Política Criminal, el abogado Mauricio Pava y la Fundación Dilo, pidieron que se retire de inmediato el proyecto ante graves dudas sobre la legalidad del mismo.
En particular, los accionantes afirmaron que un apoyo gubernamental sería profundamente “inconveniente” en el plano internacional en momentos en los que el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas ha sido cuestionado, riesgo de descertificación y sanciones de la OFAC.
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“En tales circunstancias, la aprobación de un marco jurídico percibido como laxo y favorable a los narcotraficantes afectaría gravemente la credibilidad del Estado colombiano, debilitaría los compromisos de cooperación judicial y pondría en entredicho la voluntad real del país de combatir el crimen organizado transnacional” indicaron.
En el documento, los solicitantes señalaron que se debe adelantar una revisión “técnica constitucional y de política criminal integral” profunda al proyecto, con el fin de que el marco de sometimiento sea garantista para la sociedad, respetuoso de la Constitución y no choque con los Acuerdos de Paz del 2016.
“Por ello y más de cualquier consideración política, solicitamos respetuosamente que el Ministerio de Justicia proceda al retiro del Proyecto de Ley 002 de 2025, a fin de abrir un espacio de revisión técnica y concertada” señala la carta.
En la misiva, Pava recordó que el proyecto de ley que hoy hace su recorrido en el Congreso de la República, ha sido cuestionada por la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de víctimas.
Asimismo, enfatizó en los serios reparos que formuló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la ley de sometimiento. “Alertó sobre la falta de deliberación pública, la ausencia de garantías reales para las víctimas y la improcedencia del trámite como ley ordinaria” se lee.
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En adhesión a lo argumentado por la Corte, Mauricio Pava y la Fundación recordaron que otro de los puntos del proyecto que fueron criticados es la falta de un análisis fiscal, institucional y penitenciario.
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