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“Armero representa un llamado ético a situar la protección de los DD.HH. ante desastres”: Defensoría

La Defensoría del pueblo señaló que el desastre de Armero sigue abierto y que hubo violaciones a los derechos humanos por omisión del Estado.

Iris Marín. Foto: Defensoría del Pueblo y Armero: Archivo.

Iris Marín. Foto: Defensoría del Pueblo y Armero: Archivo.

La Defensoría del Pueblo presentó en Honda, Tolima, el informe ‘Armero: 40 años de vulneración de derechos, memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, un documento que busca reconocer los procesos históricos que han marcado la vida de las comunidades, visibilizar las voces de las víctimas y honrar su memoria a partir de las lecciones que dejó la tragedia de 1985.

Durante la presentación, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que “la experiencia de Armero representa un llamado ético, jurídico y político a situar la protección de los derechos humanos en el centro de toda política pública frente a los desastres en Colombia”.

El documento, dirigido a entidades del Estado, organizaciones sociales, académicas y a la ciudadanía en general, plantea la necesidad de comprender los desastres como procesos sociales e históricos que demandan responsabilidad estatal, compromiso institucional y apropiación comunitaria. Según la Defensoría, “la gestión del riesgo no puede reducirse a una lógica técnico-operativa, sino que debe consolidarse como una política pública estructural basada en el respeto y la protección de los derechos humanos y de la naturaleza”.

Entre las recomendaciones, la entidad resalta la importancia de que los entes públicos incorporen “el derecho a la memoria como medida de reparación” y que fortalezcan la planificación territorial y las políticas diferenciales que garanticen la dignidad humana.

Cuatro décadas después de la avalancha que destruyó a Armero, la Defensoría recuerda que la tragedia dejó alrededor de 25.000 personas fallecidas, más de 8.000 sobrevivientes desplazados y cerca de 500 niñas y niños perdidos y separados de sus familias.

Marín enfatizó que “las omisiones en la prevención del riesgo volcánico, la falta de reparación y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos humanos y fundamentales, como a la vida, la salud, la vivienda, la identidad y la unidad familiar”.

Aunque la Defensoría reconoce avances como la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, señala que la respuesta estatal ha sido “fragmentada, discontinua y sin articulación territorial”, lo que ha limitado la reparación a las víctimas.

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