MinAgricultura: “la Jurisdicción Agraria no representa riesgo a la independencia judicial”

En entrevista con La W, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió a las críticas que se han generado desde diferentes sectores sobre el proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, en las que se advierte que el artículo 9 de dicho proyecto representa un riesgo a la independencia judicial y al derecho de la propiedad privada, agregando que con el mismo se entregan poderes especiales a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que defina procesos relacionados con las reclamaciones de ese sector en el país.

Ante el escenario, la ministra Carvajalino fue enfática en asegurar que la Jurisdicción Agraria no genera ningún riesgo para la independencia judicial en Colombia y que su principal objetivo es darle una mayor eficiencia al sistema para solucionar problemas y reclamaciones sobre tierras que llevan décadas estancadas.

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“Lo que está proponiendo el Gobierno con el proyecto de la Ley de Jurisdicción Agraria, además de poder implementar los jueces y los tribunales que habla el acuerdo de paz para tratar los asuntos ordinarios como el deslinde de un predio con otro, como el proceso reivindicatorio o posesorio, además de trabajar los temas propios de la administración como la revisión de la legalidad de la adjudicación de los baldíos o como la revisión de los procesos agrarios, es que podamos resolver un conflicto que generó el decreto de Ley 902 en el año 2017”, expresó.

Puntualmente, sobre el artículo 9 del proyecto, en el cual diferentes actores, incluyendo el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, alertó que se concentra el poder ejecutivo y se amenaza la independencia judicial por lo que de paso pidió al Congreso que rechace dicho apartado; la ministra Carvajalino Aseguró que el artículo más bien es una solución un vacío jurídico que hay en los procesos de tierras que a la fecha nadie solventa.

En su respuesta añadió: “La afectación a las garantías procesales, a la propiedad privada y a los derechos de propietarios, poseedores y ocupantes es que hoy tengamos un vacío jurídico en el cual nadie está decidiendo la situación de las relaciones de tenencia. Eso es muy grave. (…) Nosotros tenemos un acuerdo sobre el artículo 9 que a mí no me parece que vulnere ninguna garantía procesal y yo lo digo de manera muy clara, aquí los procesos agrarios hasta el año 2017 nunca habían sido de decisión judicial, salvo un intermedio que hubo en el año 44 al más o menos 57, donde la extinción agraria era de decisión judicial.”

En cuanto a los interrogantes que hay sobre la expropiación dentro del proyecto de ley, la MinAgricultura explicó que no se va a modificar ninguna de las reglas procesales que existen en la actualidad, pero admitió que la decisión ya no dependerá de un tribunal contencioso administrativo, sino de un tribunal agrario y rural.

Allí expresó “El proyecto de jurisdicción agraria no modifica las reglas procesales que están en la Ley 160 sobre ese proceso de expropiación, lo que sí hace es que ya no va a ser competencia de un tribunal contencioso administrativo, sino de un tribunal agrario y rural de conformidad como hoy lo dispone el artículo 216 de la Constitución Política. Ahora bien, ¿cuál es el otro proceso que ha generado angustia? El proceso de extinción agraria. En esto es el proceso agrario más antiguo”.

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Finalmente, la ministra Carvajalino hizo un nuevo llamado para que desde el legislativo se realice la discusión que se necesita sobre el proyecto, teniendo en cuenta que no ha sido posible que dicho tema sea debatido en el Congreso.

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