Mayoría de la Corte Suprema aceptó denuncia contra Eduardo Bolsonaro por coacción a la Justicia

La mayoría de los miembros de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil consideró este viernes procedente la denuncia por “coacción a la justicia” presentada contra el diputado Eduardo Bolsonaro, en el marco del proceso en que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Tres de los cuatro magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal consideraron que la denuncia presentada por la Fiscalía es procedente y, en consecuencia, decidieron abrirle juicio al hijo del líder ultraderechista.

Los magistrados votaron en un juicio virtual que comenzó este viernes y, pese a que el juez que falta por votar tiene plazo hasta el 25 de noviembre para pronunciarse, los demás ya constituyen una mayoría y la apertura del juicio un hecho.

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El juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el diputado y contra el propio líder de la ultraderecha brasileña, fue el primero en pronunciarse sobre la denuncia formulada por la Fiscalía y vinculada a las sanciones comerciales y políticas que Estados Unidos impuso a Brasil por el juicio contra el expresidente Bolsonaro.

El voto del instructor fue respaldado por los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, que también optaron por publicar este mismo viernes sus votos en el sistema informático del tribunal, en el que la denuncia es analizada de forma virtual.

En sus acusaciones, la Fiscalía sostiene que el diputado intentó interferir en el juicio contra su padre y presionar al tribunal, mediante gestiones que realizó en Washington para que el Gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones a autoridades brasileñas y al propio país.

De hecho, el presidente Donald Trump justificó los aranceles del 50% que impuso a gran parte de las exportaciones brasileñas con su malestar por el proceso penal al que fue sometido Jair Bolsonaro, que calificó de “caza de brujas”.

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También por ese motivo, Estados Unidos revocó los visados de algunos jueces del Supremo, de varios ministros y funcionarios del Gobierno brasileño, e impuso sanciones financieras al juez De Moraes.

Según la Fiscalía, el diputado, quien está en EE.UU. desde marzo y se dice “en el exilio”, incurrió en el delito de coacción a la Justicia, que “consiste en el uso de violencia o grave amenaza para favorecer intereses propios o de terceros contra la autoridad, parte o cualquier persona llamada a intervenir en un proceso judicial”.

Eduardo Bolsonaro se ufanó durante meses de haber influido en las sanciones impuestas a Brasil gracias sus contactos con funcionarios del Departamento de Estado y de la propia Casa Blanca.

El hijo del expresidente tiene desde hace años excelentes relaciones con los círculos de la ultraderecha de Washington y es un activo promotor de las Conferencias de Acción Política Conservadora (CPAC), que ha organizado incluso en el propio Brasil.

Jair Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para intentar impedir la investidura del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las urnas en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.

La Primera Sala del Supremo, en la que cursa también ese proceso, rechazó la semana pasada las apelaciones presentadas por la defensa del líder de la ultraderecha, quien se presume que deberá comenzar a cumplir la condena a fines de este mismo mes.

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El exmandatario se encuentra desde agosto pasado en prisión domiciliaria, por haber violado diversas medidas cautelares impuestas por el tribunal en el marco del proceso.

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