JEP imputó a 30 integrantes del Ejército por falsos positivos en Meta; testimonio de Otoniel, clave
Dairo Úsuga (Otoniel) rindió entrevistas a la JEP desde Estados Unidos mientras resume su pena ante la justicia de ese país.
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto
La JEP imputó a 30 integrantes del Ejército Nacional por falsos positivos en Meta. La lista la encabezan los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra y Francisco José Ardila, así como el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reveló que en el subcaso de falsos positivos en Meta se pudo establecer la participación de integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana entre 2002 y 2007. Sin embargo, no se han encontrado evidencias de que fueran conscientes de que estaban haciendo parte de un plan para presentar falsas bajas en combate, por lo que se presume que pudieron haber sido engañados por el Batallón de Infantería No. 21 (Bivar).
A esos integrantes del Ejército Nacional que operaron en el departamento se les atribuyen, en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Meta (ADHC) del Caso 03, que investiga estos crímenes, 209 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Estos hechos fueron documentados durante la investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento.
Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la Séptima Brigada (VII Brigada).
En el marco del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP imputó como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la VII Brigada, a título de autores por omisión impropia, por los crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, en concurso con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y con el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad.
Se trata del brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, del mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán y del brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe. Los dos primeros, además, fueron imputados por el delito de homicidio agravado, tipificado en el Código Penal colombiano.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad subrayó que los generales incumplieron sus obligaciones de proteger los bienes jurídicos de la población y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados. Aunque contaban con medidas razonables a su alcance para hacerlo, omitieron sus deberes constitucionales y funcionales.
Desde sus posiciones de poder y mando, actuaron con laxitud y permisividad, sin ejercer el control necesario para prevenir, investigar y sancionar las muertes que se estaban presentando. Con ello, contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados por la JEP en el Subcaso Meta.
Las actuaciones de los tres generales transmitieron, cada uno en su periodo de mando, la idea de que desde la VII Brigada no solo se toleraban operaciones irregulares para perpetrar homicidios simulando combates, sino que también se promovían incentivos positivos y negativos para su ejecución.
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De igual manera, la ausencia de un control efectivo, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar y la falta de medidas disciplinarias y operacionales contra los responsables reforzaron un entorno de impunidad que facilitó la comisión de los crímenes.
Para superar este umbral, la sala escuchó a los militares involucrados en los patrones macrocriminales, así como a varios de los altos mandos paramilitares con quienes se asociaron: Dairo Úsuga (Otoniel), Luis Arlex Arango Cárdenas (Chatarro), Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), Fredi Santos y Omar Cifuentes Hernández.
También recogió los testimonios de funcionarios de la Justicia Penal Militar y de las víctimas. Asimismo, la magistratura incorporó a su proceso de contrastación toda la información que los miembros del Bloque Centauros entregaron a Justicia y Paz. De esta forma, queda claro que la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia y su incidencia en la guerra está siendo recolectada y valorada por la JEP.
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