El macabro pacto entre batallón y Bloque Centauros que disparó el narcotráfico y falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos previstos en el Código Penal colombiano a 30 militares, entre ellos tres generales en retiro, por hechos ocurridos en Meta entre 2002 y 2007.

Entre los señalados están el brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe.

Según la investigación, estos integrantes del Ejército Nacional habrían participado en 209 asesinatos presentados ilegalmente como bajas en combate, 65 de ellos seguidos de desaparición forzada, además de una tentativa de homicidio.

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El Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Meta reveló que para establecer estos patrones fue determinante escuchar tanto a los militares procesados como a los máximos jefes del Bloque Centauros: Dairo Úsuga (Otoniel), Luis Arlex Arango Cárdenas (Chatarro), Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), Fredi Santos y Omar Cifuentes Hernández.

Sus declaraciones destaparon una zona oscura de la guerra en Meta: la alianza estratégica entre oficiales del Ejército y paramilitares, desconocida hasta ahora en los expedientes judiciales.

La JEP concluyó que miembros del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas acordaron con los paramilitares frenar cualquier persecución militar y permitir el flujo del narcotráfico.

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A cambio, el Bloque Centauros entregaba personas que eran asesinadas y luego presentadas como combatientes dados de baja, los llamados falsos positivos.

En palabras de la JEP:

“Es en este contexto que el BIVAR cede parte de sus responsabilidades a favor de la operatividad criminal de los paramilitares y participa en dinámicas victimizantes que requirieron de una estrecha coordinación. Entre 2002 y 2004, esta asociación alcanzó su mayor desarrollo, al punto de que permitió que el BIVAR se convirtiera en una de las unidades militares más destacadas a nivel nacional por la cantidad de bajas en combate que reportó. La investigación arrojó que la presentación de bajas falsas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública, a cambio de dejarlos delinquir, principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico, y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres y desapariciones forzadas, al menos en la jurisdicción del BIVAR”, afirmó la JEP.

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La JEP también determinó que, mientras el paramilitarismo se consolidaba en la región, militares del BIVAR y el Bloque Centauros construyeron una relación basada en tres ejes: operaciones coordinadas, permisividad con el control paramilitar del narcotráfico y la ejecución de falsos positivos como mecanismo para entregar resultados. Entre 2002 y 2004 esta última práctica se convirtió en el principal pago de los paramilitares a los militares a cambio de que los dejaran operar sin obstáculos en la zona.

Con los cambios en la comandancia del BIVAR en 2003 y la muerte de Miguel Arroyave al año siguiente, la relación entre militares y paramilitares se transformó. Aunque siguieron ocurriendo asesinatos fuera de combate presentados como bajas legítimas, la cantidad disminuyó de manera notable. Otros cambios en los homicidios y desapariciones forzadas se dieron tras la desmovilización paramilitar en septiembre de 2005 y abril de 2006. Aunque la cantidad y características de los crímenes se mantuvieron relativamente estables respecto de 2004, la ausencia del acompañamiento paramilitar permitió que un grupo de soldados y suboficiales infiltrados en la S2 del batallón asumieran casi por completo la cadena de acciones necesarias para cometer los asesinatos y desapariciones forzadas relacionadas con este caso.

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La Sala de Reconocimiento también evidenció las dinámicas que permitieron la participación del Gaula Meta en asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en operativos. La unidad modificó de manera sustancial sus funciones antiextorsivas y antisecuestro y priorizó los aspectos operativos sobre los legales, incluidos los que debía cumplir en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el DAS. En este grupo, a diferencia del BIVAR, hubo un menor relacionamiento con actores criminales para provocar estas muertes y se privilegió la búsqueda de bajas ilegales por cuenta propia.

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