Al menos seis miembros de la junta directiva de Ecopetrol fueron investigados por la UIAF

Por solicitud de Ecopetrol, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, hizo seguimientos y revisó la vida financiera de al menos seis miembros de la Junta Directiva de la principal empresa del país.

En las últimas horas hablé con tres de esos antiguos miembros quienes me dijeron que jamás fueron advertidos de la vigilancia ejercida sobre ellos por la empresa que codirigieron.

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Ellos consideran que dichos seguimientos, ejecutados sin orden judicial, apenas por instrucción de la alta gerencia de la compañía, vulneran su derecho a la privacidad y sus garantías constitucionales.

Los seguimientos a los movimientos financieros de uno de ellos se efectuó cuando ya no era miembro de la junta de Ecopetrol.

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Vamos por partes

Primero: ¿Qué es la UIAF? La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero es una sección administrativa del Ministerio de Hacienda que tiene acceso a la información tributaria y bancaria de todos los colombianos y que teóricamente debe ser usada para reportar movimientos sospechosos de cualquier ciudadano.

¿A quién le puede reportar la UIAF?

En teoría, esas informaciones deben ser reportadas exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación o a los organismos con atribuciones de Policía Judicial en Colombia. Esto es la Dijín de la Policía Nacional, el CTI de la propia Fiscalía y en algunos casos la Procuraduría y la Contraloría.

Aquí surge un asunto que no se ha resuelto. La UIAF es parte del ejecutivo, depende del ministro de Hacienda, pero en la práctica cumple funciones que tienen que ver con Policía Judicial. Por eso ha existido la posibilidad de que la UIAF sea usada políticamente por los gobiernos para espiar contradictores.

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Las sospechas sobre ese uso de la UIAF, como arma de inteligencia política, han crecido últimos días por cuenta de que la poderosa unidad está ahora bajo el mando de Jorge Arturo Lemus, un antiguo militante del M-19, quien es también el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que le reporta directamente al presidente de la República.

La semana pasada la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la existencia de un convenio entre Ecopetrol y la UIAF.

Este fin de semana les conté, en una columna de Los Danieles, publicada en la revista Cambio, que en febrero de este año la UIAF le entregó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, información sobre el aumento patrimonial injustificado de uno de sus vicepresidentes a quien le aparecen bienes por más de 7.000 millones de pesos que exceden por mucho sus ingresos como empleado de la compañía.

El empleado, objeto de esta investigación, se llama Bernardo Enrique Forero Duarte y es el vicepresidente de Ecopetrol para la región Andina Oriente. Cargo al que llegó en 2023, a pesar de que existen informaciones de hace años sobre presuntos actos de corrupción cometidos por él.

¿Ante estas informaciones que hizo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa? La respuesta es NADA. Diez meses después del informe de la UIAF, el ingeniero Bernardo Forero Duarte sigue en el cargo, manejando millonarios procesos de contratación.

Pero esa información, bastante grave, resultó ser apenas la punta de un iceberg.

Siguiendo ese hilo me encontré con que la UIAF viene siendo usada, por la alta gerencia de Ecopetrol, para hacer seguimientos sin orden judicial a al menos seis miembros de la junta directiva de la empresa de mayoría estatal. Pueden ser más.

Según esas informaciones han sido objeto de revisión de su vida financiera y tributaria, los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol:

1. Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura y antiguo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. El doctor Cano, quien representaba en la junta a los accionistas minoritarios, fue elegido presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol en los albores de la presidencia de Gustavo Petro. 24 horas después de la elección, el Jefe de Estado, vetó su elección, ante lo cual Cano renunció a la Junta Directiva.
2. Luis Alberto Zuleta, exdirector de Fogafín, quien renunció a la junta de Ecopetrol luego de que el presidente Petro ordenara que la empresa no podía efectuar explotación de petróleo por fracking en ninguna parte del mundo. También fue monitoreado por la UIAF.
3. Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y exmiembro de su junta directiva, renunció a la junta conjuntamente con Luis Alberto Zuleta, por lo que consideraban era una intromisión del presidente Petro en la autonomía de Ecopetrol. Fue monitoreado por la UIAF.
4. Saúl Kattan Cohen, expresidente de la ETB y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. En la orden de la UIAF aparece la instrucción de seguir los movimientos relacionados con SK, inicialmente esas letras parecen corresponder a una empresa fundada hace más de 10 años por Kattan en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Se trata de SK, por las iniciales de su nombre y apellido, SK Consulting Partners. Los movimientos financieros de Saúl Kattan también fueron seguidos por la UIAF por instrucción de Ecopetrol. El doctor Kattan me dijo en las últimas horas que no sabía que hubiera sido seguido por la UIAF y que su vida financiera es totalmente transparente. Los giros al exterior corresponden a gastos familiares, principalmente el pago de colegios.
5. Edwin Palma Egea, el actual ministro de Minas quien estuvo fugazmente en la Junta Directiva de Ecopetrol y salió de ella para hacerse cargo del ministerio. Cabe anotar que en algún momento, el presidente Petro pensó que Edwin Palma debería ser el presidente de Ecopetrol, lo cual no debió gustarle nada a Ricardo Roa. La orden para investigar a Palma, por parte de Ecopetrol, se basa en una serie de denuncias anónimas –no verificadas– que sugieren que estaría involucrado en actividades irregulares de contratación. Sobre este asunto tendremos que volver. El ministro Palma me dijo anoche que nunca tuvo conocimiento de estos seguimientos de la UIAF y que rechaza la vulneración de su privacidad.
6. Mauricio Cabrera Galvis, es un prestigioso economista y columnista de temas económicos, fue presidente del Banco de Occidente. Llegó a la junta directiva de Ecopetrol en este gobierno por iniciativa del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Inicialmente participó en la ratificación del anterior presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y después tuvo una buena relación con su sucesor Ricardo Roa, pero con la salida de Ocampo del Ministerio de Hacienda, el asunto se complicó. Terminaron sacándolo de la Junta Directiva en abril de 2024. Y aquí hay una curiosidad, la petición para que la UIAF lo rastreara es posterior a su salida de la junta de Ecopetrol. Está fechada en junio de 2024.

La UIAF recibió la petición de que lo investigaran por un artículo de la omnipresente Unidad Investigativa de El Tiempo titulado “Los incómodos nexos de influyentes palmeros con alias Maracuyá”. El doctor Mauricio Cabrera nada tenía que ver con el asunto. Un hermano suyo, el empresario Luis Fernando Cabrera, era el representante legal de Palmas de Puerto Gaitán, empresa mencionada en la publicación de la Unidad Investigativa. Por esa razón, se ordenó rastrear la vida financiera de Mauricio Cabrera cuando ya no era miembro de la junta directiva de Ecopetrol. El doctor Cabrera tampoco estaba al tanto de estos seguimientos de la UIAF a su vida financiera.

Si Ecopetrol no usaba estas informaciones dentro de procesos judiciales, si dejaba pasar reportes de presunta corrupción como los del vicepresidente Bernardo Forero Duarte ¿Para que usaba la información sobre miembros de su junta directiva?

Estaremos pendientes de la esquiva respuesta de Ecopetrol, que a pesar de ser una compañía de mayoría estatal se maneja legalmente con régimen de empresa privada. Lo cual favorece la opacidad que la ha caracterizado en los últimos años. Los mismos años en los que sus ingresos, utilidades y valor accionario, van en descenso.

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