Consejo de Estado admite demanda que busca tumbar resolución que nombró a Mancuso gestor de paz
La acción judicial fue presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien alega que la designación fue excesiva y en contra de las víctimas.
AME4613. MONTERÍA (COLOMBIA), 03/10/2024.- Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia del mandatario, Gustavo Petro (i), junto al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, este jueves en Montería (Colombia). Petro se encontró con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en un evento de entrega de tierras en el departamento de Córdoba, donde este último pidió perdón a las víctimas y se comprometió a trabajar por la reparación. EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia (EFE)
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca tumbar la resolución con la que el presidente Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz.
De acuerdo con la acción judicial presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, la resolución del Alto Comisionado para la paz incurrió en distintas irregularidades como falta de definición en el lapso temporal de aplicación entre otros.
Asimismo, fue considerada como una resolución que iría en contra de los derechos de las víctimas y además adolece de falta de controles a los desplazamientos de Mancuso.
“Es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas, pues dicho acto administrativo consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas”, señala la demanda.
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Además, se cuestionó que no es coherente “que se insista en que la desmovilización del señor MANCUSO GÓMEZ constituyó el fin de su liderazgo paramilitar y que hoy en día se insinúe o se sugiera entre líneas que aún tiene una supremacía o ascendencia sobre estructuras criminales emergentes”, señala la demanda.
La acción judicial fue trasladada a la ANDJE, la Procuraduría y a Salvatore Mancuso para que puedan pronunciarse dentro de los próximos 30 días.
