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ANT respondió a hallazgo de Contraloría de posible irregularidad en compra de predio ‘La Grosería’

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirmó que el predio sí es productivo y cumple con las condiciones exigidas para su adquisición.

La Agencia Nacional de Tierras ha conformado 33 comités municipales en el departamento para garantizar la participación campesina en la toma de decisiones y agilizar la titulación de predios rurales.

La Agencia Nacional de Tierras ha conformado 33 comités municipales en el departamento para garantizar la participación campesina en la toma de decisiones y agilizar la titulación de predios rurales.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió al hallazgo de la Contraloría de presuntas irregularidades en la compra del predio ‘La Grosería’, ubicado en Chimichagua, Cesar, señalando que pagó más de 4.000 millones por este predio improductivo.

La entidad del Gobierno afirmó que la adquisición hizo parte de un acuerdo interinstitucional, con el único fin de evitar un desalojo masivo de familias campesinas.

De igual manera apuntó que el predio sí es productivo y que cumple con las condiciones exigidas para su adquisición.

“El predio cuenta con relieves planos y suelos fértiles. El 71.04% del terreno presenta buenas condiciones para manejo de pastos y cultivos, incluyendo palma de aceite y cultivos de pan coger. La unidad productiva cumple para explotación agropecuaria, acuícola y/o forestal dentro de un proceso de Reforma Agraria”, afirmó la entidad en un comunicado.

En este sentido, resaltó que el predio tiene las condiciones aptas para su uso agropecuario y para el desarrollo de proyectos de Reforma Agraria pues incluso ya se han puesto en marcha iniciativas productivas de maíz, yuca, plátano, coco y otros cultivos.

Además, dijo que los beneficiarios sí cumplen los requisitos legales para acceder al predio.

Asimismo, negó cualquier detrimento patrimonial, señalando que la compra se hizo mediante oferta voluntaria, con avalúo técnico y siguiendo las reglas del Fondo de Tierras.

Finalmente, la Agencia concluyó que todo el proceso fue legal, transparente y orientado a resolver un conflicto social, proteger a las familias campesinas y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.

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