Holocausto del Palacio de Justicia: Fiscalía llamó a juicio a 9 exmilitares por tortura agravada
40 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Fiscalía emitió resolución de acusación contra los exmilitares.
Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá
La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra de 9 exmilitares por el delito de tortura agravada, al parecer cometida durante los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia.
Se trata de los exmilitares: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo representa a la parte civil en medio de este litigio que 40 años después empieza a tomar forma, frente a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La Fiscalía tuvo en cuenta los hechos de tortura que ocurrieron de manera sistemática.
La calificación de las víctimas como “sospechosas o especiales”.
El traslado y retención inicial en el segundo piso de la Casa del Florero, donde fueron víctimas de malos tratos.
El traslado a guarniciones militares, donde se consumaron las torturas.
La Fiscalía también tuvo en cuenta el testimonio de José Vicente Rubiano Galvis, sobre los momentos de angustia que vivió en medio de su detención arbitraria en Zipaquirá.
“La Fiscalía proferirá resolución de acusación en contra de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, ÓSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, FERNEY ULMARDÍN CAUSAYA PENA, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ, FERNANDO BLANCO GÓMEZ, GUSTAVO ARÉVALO MORENO, IVÁN RAMIREZ QUINTERO y BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN como coautores impropios del delito de Tortura, artículo 279 del Decreto 100 de 1980 (artículo 178 de la Ley 599 de 2000), en virtud de los actos de tortura fisica, moral y psicológica a los que fueron sometidos Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Dario Correa Tamayo, entre otros”, se lee en la resolución de acusación.
La Fiscalía destacó “la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”.
Adicionalmente, la Fiscalía consideró como prueba recaudada la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la coordinación de las unidades, el mando de Arias Cabrales y el liderazgo de Sánchez Rubiano, relevando sobre ellas el Informe de Policía Judicial de 26 de septiembre de 2016.
“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden”, aseguró el abogado Rafael Barrios Mendivil, cofundador de Cajar y representante de víctimas en el ámbito nacional e internacional.
