“Intenta ponerle palos a la rueda de la paz”: gestores a Iris Marín por demanda al Consejo de Estado

Los 16 gestores de paz que hicieron parte de las extintas AUC expresaron su rechazo a la demanda de nulidad que presentó ante el Consejo de Estado la defensora del Pueblo, Iris Marín, al argumentar que no se cumplen los requisitos para otorgarles dicho estatus.

En un comunicado conjunto afirman que la funcionaria estaría “poniendo palos en la rueda” para culminar el proceso de reparación derivado de Justicia y Paz.

Los exintegrantes de las AUC como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo entre otros, aseguran que el proceso que adelantan con la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Paz tiene un carácter “restaurativo” que complementa las actuaciones judiciales.

Critican que, en la demanda, Marín haya planteado que su designación “debilita la credibilidad del Estado” y que introduce un riesgo de “revictimización simbólica”.

Frente a esos señalamientos, los gestores cuestionan si la Defensoría considera dañino que colaboren en “la búsqueda de desaparecidos, la socialización de la verdad entregada durante dos décadas o la identificación de bienes que, según afirman, nunca llegaron a las víctimas”.

En la misiva reiteran que no existe afectación alguna a los derechos de las víctimas. Por el contrario, afirman que “las víctimas se están muriendo esperando su reparación” y señalan que están dispuestos a desarrollar los actos restaurativos que, según ellos, la Defensoría desconoce.

Incluso recuerdan que en el pasado ya habían advertido sobre estos retrasos, incluyendo cuando Marín ocupó cargos en la Unidad de Víctimas.

Los 16 gestores insisten en que, “mientras la defensora intenta ponerle palos a la rueda de la paz sin justificación”, las comunidades esperan avanzar en un diálogo directo para impulsar una agenda extrajudicial basada en justicia restaurativa. Aseguran que estas acciones “no socavan los mecanismos judiciales o administrativos del Estado”, sino que los complementan.

Finalmente, anuncian que remitirán al Consejo de Estado los argumentos con los que buscan desvirtuar lo que consideran “dudas, imprecisiones y señalamientos infundados” de la demanda.

Aseguran que les preocupa el rechazo de la Defensoría a labores humanitarias como la búsqueda de personas desaparecidas, la entrega de información, la identificación de bienes y el acompañamiento a diálogos sociojurídicos.

Recuerdan que llevan “veinte años desmovilizados y respondiendo ante las instituciones del Estado” y que su condición de gestores de paz hace parte de ese compromiso.