Pacto dice que CNE quiere frenarlos para 2026: oposición habla de “delitos penales” en campaña Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó por primera vez una campaña presidencial en Colombia y falló sobre la campaña Petro Presidente 2022, por la violación de topes de financiación en más de $3.500 millones.

Igualmente, por la supuesta financiación con fuentes prohibidas por parte de Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Ingenial Media.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W el representante Gabriel Becerra, quien también es secretario general de la Unión Patriótica, uno de los partidos sancionados. Y habló también el representante del Centro Democrático, Christian Garcés, quien ha sido uno de los principales denunciantes de la campaña ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

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“Vamos a interponer los recursos que la Constitución y la ley nos permitan, para encontrar un juez imparcial en la definición de este caso (...) Desde el punto de vista político es muy evidente, porque estamos a seis días de del cierre de la inscripción de las listas al Congreso, y lo que pretenden es cerrarle el camino al Pacto Histórico; están golpeando la democracia colombiana”, dijo Becerra.

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Los recursos a presentar serían la reposición ante el mismo organismo electoral, y de no prosperar, una demanda ante el Consejo de Estado, para controvertir la legitimidad de la decisión. Incluso, Becerra dijo que “se está revictimizando a la Unión Patriótica. Nosotros vamos a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado acaba de reconocer una responsabilidad, pero ese mismo Estado nos excluye de la participación política”.

Por su parte, Garcés aseguró que querer señalar que la decisión ha sido netamente política es una excusa “para no aceptar que por primera vez en la historia se sanciona una campaña presidencial que violó los topes (...) y no estamos hablando de facturitas, estamos hablando de un aporte de $500 millones, otros aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), los aportes de los testigos electorales, que fueron más de $900 millones”.

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De hecho, el representante dijo que “esto tiene que llevarse hasta el fondo, porque hay delitos penales, pues en el CNE hubo maniobras contables: hablan de disfrazar el gasto (...) violaron la ley de manera premeditada”

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