Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán por caso de pasaportes
Leyva Durán responderá por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Abogado y excanciller Álvaro Leyva. FOTO: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las presuntas irregularidades que rodearon el proceso licitatorio para la contratación de la fabricación de los pasaportes en Colombia.
En ese sentido, se conoció que fue radicada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación de cargos por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Según la investigación de la Fiscalía, Leyva Durán “sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’”.
Destitución
El 12 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al exministro de Relaciones Exteriores, por 10 años para ejercer cualquier cargo público, por las irregularidades encontradas en su manejo frente al proceso de licitación de los pasaportes y la empresa Thomas Greg and Sons.
La investigación contra el excanciller inició en el año 2023, cuando se consideró como falta gravísima a título de dolo las actuaciones de Leyva en relación con la declaratoria desierta de la licitación con Thomas Greg and Sons, aunque cumplía con los requisitos, y también la declaratoria de emergencia manifiesta al finalizar el contrato anterior.
La Sala Disciplinaria Ordinaria concluyó en ese momento que Leyva Durán desconoció los criterios de selección objetiva al anular el proceso debido a la participación de un único oferente que cumplía con los requisitos exigidos, lo cual no constituía motivo legal para cancelar la licitación.
Sin embargo, el organismo de control lo absolvió en cuanto a la declaratoria de urgencia manifiesta que permitió la contratación directa posterior.
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