En Bogotá, la Contraloría General de la República rendirá cuentas de sus actividades en 2025

La Contraloría General de la República adelantará este miércoles 3 de diciembre la rendición de cuentas de su labor en el año 2025. El evento, que se realizará en el salón 3 de su sede principal en Bogotá, permitirá el acceso a los ciudadanos que se hayan registrado previamente y tendrá la presencia de los contralores delegados de los sectores de: Minas y Energía, Finanzas Públicas, Salud, Responsabilidad Fiscal, Participación Ciudadana, Educación, Justicia, Infraestructura, Defensa y Seguridad y postconflicto.

Protegiendo lo que es de todos

La situación actual de la matriz energética del país demanda acciones concretas que prevengan racionamientos o cortes prolongados, así lo viene anunciando, desde 2024, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República. En un informe publicado en agosto de ese año, el funcionario advirtió que existen varios riesgos “graves” en el sistema energético de Colombia. Para él, estas amenazas son causadas, principalmente, del descuido de la industria petrolera por parte del Gobierno Nacional y la reducción en reservas de crudo y bajos niveles de exploración. Este fenómeno impacta, en parte, los recursos que aportan al Estado empresas como Ecopetrol, hechos que ayudan a profundizar la crisis financiera estatal.

Al respecto, la entidad informó, el mes de agosto reciente, que la deuda pública cerró el año pasado en $1.175,18 billones, lo que equivale al 68,9 % del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Este nivel de endeudamiento limita la ejecución de proyectos destinados a la mejora del bienestar de la población, pues actualmente se destina más dinero al pago de intereses y obligaciones que a la inversión en desarrollo, por ejemplo, en sistemas seriamente afectados como el de la salud.

En ese sentido, la Contraloría reportó que a 31 de diciembre del 2024, el déficit acumulado por ese tipo de servicios era de $32.9 billones de pesos, siendo esta cifra, para el ente, una evidencia de la falta de solvencia del esquema. Esto, concluyó, afecta el desempeño de los centros médicos al impactar la atención y el servicio al usuario, que se ven afectados por falta de medicamentos, hechos que, además, muchas veces no son informados por las empresas prestadoras sino por los pacientes, no obstante, eso le permite a las autoridades tomar medidas correctivas.

Por eso, la oficina Delegada para la Participación Ciudadana alienta a los colombianos a denunciar cualquier irregularidad del modelo sanitario o de cualquier otra institución gubernamental.

Esa estrategia ya registró algunos resultados. La iniciativa “Salvando Obras” del organismo de control le permitió a la nación recuperar 407 obras públicas por más de $6.3 billones, mediante el seguimiento a la ejecución de los contratos y proveedores de 1.700 proyectos, trabajo, aclaró Rodriguez Becerra, que sólo fue posible gracias a la participación de la población.

Y es que según esa dependencia, entre 2023 y 2024 recibió 30.759 derechos de petición, de los cuales 2.278 (7.42% del total) corresponden a denuncias fiscales. De esas, 1.140 estaban asociadas a los procesos de contratación, 79 a irregularidades en la administración de fondos públicos y 42 de conservación de bienes de interés colectivo. Todas acciones representaron hallazgos fiscales por valor de $271.753.423.801.

Control que transforma

En ese contexto de evaluación fiscal al trabajo del Ejecutivo y de apoyo por parte de la sociedad civil a través de las veedurías, la Contraloría General de la República en su audiencia de entrega de cuentas tendrá un primer espacio donde los delegados Germán Castro, Alejandro Ovalle y Hernan Jojoa presentarán los resultados de las gestiones de sus oficinas. También participarán como mediadores de ese segmento, Camilo Sánchez, presidente de Andesco; Jorge Toro, director de Unión IPS de Colombia y Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad para la Lucha contra la Corrupción.

Por otro lado, las carteras de educación, justicia y defensa también serán objeto de vigilancia por parte del organismo estatal de inspección. Por ello, el segundo momento del evento reunirá a los contralores encargados de esos despachos; Andrey Rodríguez, Julián Niño y Doris Nohemí Pizarro para actualizar el estatus de las alertas emitidas en mayo último sobre el desfinanciamiento del sistema universitario, el riesgo financiero del pago tardío de bonos salariales a 59.000 servidores judiciales del país y las posibles amenazas a la soberanía nacional por la falta de inversión y ejecución del Ministerio de Defensa.

La tercera parte de la cita la moderarán Luis Fernando Mejía, y Fabio Alberto Alzate, funcionarios a cargo de las dependencias de Infraestructura y Postconflicto, respectivamente, quienes entregarán los hallazgos de sus auditorías a los proyectos de desarrollo urbano e implementación del Acuerdo final para la Paz.

Por último, el cierre del evento lo harán Andrés Felipe Cifuentes, líder de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría y Carlos Enrique Silgado, director de despacho.