Fiscalía: Nicolás Petro instrumentalizó su investidura para direccionar contratación en el Atlántico
El ente investigador pidió que el hijo del presidente Gustavo Petro sea enviado a prisión por, presuntamente, haber direccionado contratos entre una fundación y la Gobernación del Atlántico.
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
La Fiscalía reanudó este martes, 2 de diciembre de 2025, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos en el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla.
Esta diligencia avanza después de que el 10 de noviembre se realizara la audiencia de imputación de cargos, en la que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue acusado por presuntas irregularidades en procesos de contratación de la Gobernación del Atlántico.
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En la sesión de este martes, la fiscal Lucy Laborde presentó nuevos elementos con los que busca demostrar que Petro intervino para facilitar la adjudicación de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación. Según la Fiscalía, a cambio de esa gestión, el imputado habría recibido recursos destinados a cubrir gastos personales suyos, de su entonces esposa Day Vásquez y de Pedro Name.
Uno de los puntos centrales de la exposición fueron conversaciones privadas entre Petro y Vásquez. En una de ellas, leída en sala, se lee: “Amor, entre mayor reserva todo es mejor”.
Para el ente investigador, estos mensajes evidencian la coordinación de entregas de dinero que, presuntamente, estaban relacionadas con el direccionamiento contractual. Los chats fueron presentados como parte de los argumentos para solicitar medida de aseguramiento intramural.
Al sustentar la petición, la fiscal Laborde afirmó: “Respecto a la responsabilidad penal del ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos en calidad de interviniente en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, artículo 400 del Código Penal en concurso heterogéneo con otros punibles, presento un análisis probatorio y jurídico que demuestra cómo Nicolás Petro instrumentalizó su investidura y su influencia política y social para direccionar la contratación estatal en el Departamento del Atlántico”.
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En la audiencia se recordó además que durante la imputación del 10 de noviembre la Fiscalía le atribuyó seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ese día, el juez negó las solicitudes de la defensa encabezada por el abogado Alejandro Carranza, que alegaba una supuesta vulneración al derecho de defensa.
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