Procuraduría pide al Consejo de Estado que David Racero no sea retirado del Congreso
El ente de control en concepto rendido ante el alto tribunal planteó que no se logró probar que Racero usara a un miembro de su UTL para atenderle un supermercado.
David Racero y las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación Fotos (Colprensa)
La Procuraduría General de la Nación, en audiencia ante el Consejo de Estado, le solicitó a la Sala 12 de Decisión que no decrete la “muerte política” del representante David Racero, procesado por supuesta destinación indebida de recursos públicos.
El congresista es investigado debido a las denuncias realizadas en El Reporte Coronell por presuntamente poner a trabajar como cajero a un miembro de su UTL en un supermercado de su propiedad.
Pero al contrario de lo planteado por los demandantes, para el ente de control, Racero debe continuar en su cargo, asegurando que no se encontró prueba contundente que permitiera concluir más allá de toda duda que Racero sí hubiese incurrido en esa irregularidad.
En criterio de la Procuraduría, aunque los chats y capturas de pantalla pueden tomarse como indicios no son prueba directa y, por ejemplo, no se logró evidenciar que las conversaciones fueran totalmente certeras tras recurrir a los operadores de telefonía y estos no pudieran entregar copia de conversaciones porque estas están protegidas.
De acuerdo con el Ministerio Público, las consecuencias de decretar la pérdida de investidura son muy graves para cualquiera de ellos, por ende determinar su “muerte política” solo puede ser fundamentado en evidencias ciertas e irrebatibles que no den lugar a duda alguna, lo cual en su criterio no ocurrió en el presente caso.
