Rendición de cuentas 2025: alertas en energía, salud y obras mientras aumentan los recaudos fiscales
Durante la rendición de cuentas 2025, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, expuso alertas críticas en salud, transición energética y manejo presupuestal, junto con avances en control preventivo, recuperación fiscal y participación ciudadana.
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República, afirmó en el evento de rendición de cuentas 2025 que "el hecho de que se entregue la obra no significa que no hay proceso de responsabilidad fiscal". Este enfoque de acción, en su concepto, es parte vital de la estrategia implementada por la entidad para la recuperación de recursos públicos este año. | Foto: W Radio Colombia
La Contraloría General de la República presentó su rendición de cuentas 2025 con un balance marcado por alertas en sectores estratégicos, recuperación récord de recursos públicos y un aumento significativo en la cobertura del control fiscal. “Es una oportunidad para mostrarle al país cómo protegemos lo que es de todos”, afirmó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Durante su intervención, Rodríguez destacó que la entidad pasó de auditar 447 a 664 entidades entre 2022 y 2025, lo que representa un crecimiento del 49% en cobertura. Además, el presupuesto auditado alcanzó 1.241 billones de pesos, equivalente al 93,56% del total potencial.
En ese sentido, el jefe del Organismo señaló que, entre 2022 y 2025, se identificaron 24.199 hallazgos, de los cuales 4.576 tuvieron incidencia fiscal por más de 13,61 billones de pesos. “Son datos, y hay que darlos”, insistió el funcionario.
De otra parte, en materia de recuperación, la Contraloría reportó 3,8 billones de pesos resarcidos al patrimonio público, un hito que Rodríguez Becerra calificó como “sin precedentes”, al lograrse más en un año de lo que la entidad le cuesta al Estado.
Anticorrupción y control fiscal
La rendición de cuentas 2025 tuvo la participación de todos los contralores delegados, que rindieron los informes de sus dependencias. Las alertas más importantes fueron las de los sectores de salud y responsabilidad fiscal. | Foto: W Radio Colombia
Alexandra Cárdenas Castaneda, directora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción informó que su oficina adelantó procesos por más de 110.000 millones de pesos, varios de ellos con recuperación efectiva de hasta el 80% del daño. En total, destacó, que la Nación tramita actualmente 45 procesos de anticorrupción por 2,15 billones de pesos, y 16 procesos de alta cuantía por 1,68 billones, monto que esperan materializar en 2026.
Por otro lado, en relación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Contraloría informó que estableció seis procesos por 131.400 millones de pesos relacionados con presuntas irregularidades en la administración de recursos para emergencias; “fuimos la primera organización estatal en atender el escándalo de contrataciones de la UNGRD”, se refirió el contralor.
De esta manera, Rodríguez reiteró la importancia del control preventivo y concomitante, apoyado ahora por la analítica de datos y la tecnología que permiten detectar riesgos en tiempo real. “No es coadministrar; es advertir para evitar un detrimento patrimonial”, enfatizó.
Por su parte, Andrés Felipe Cifuentes, líder la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) reportó que el sistema registró 63.621 millones de procesos de control fiscal abiertos y qué con base en ellos, la organización estatal emitió 395 alertas por valor total de 15,9 billones de pesos, “eso nos permitió intervenir a tiempo en proyectos críticos”, sostuvo.
Participación ciudadana y obras críticas
La Contraloría Delegada para el sector Seguridad y Defensa advirtió que a pesar de haber desembolsado el 50% de los recursos mediante pago anticipado, solo hay un 8% en el avance de ejecución real en cumplimiento de obligaciones contractuales, lo que, en su concepto, pone en riesgo la tranquilidad de las regiones. | Foto: W Radio Colombia
La estrategia “Salvando Obras”, insignia en la gestión de Rodríguez Becerra, rescató 408 proyectos por 6,30 billones de pesos. En total, reportó el funcionario, fueron 1.769 las obras identificadas y caracterizadas como “atrasadas o en abandono”, con inversiones que superan los 63,28 billones de pesos. “Es la esencia del organismo de control: estar donde la gente más lo necesita”, afirmó.
De esta forma, expuso la entidad, se atendieron más de 104.523 derechos de petición, con un 71% relacionados a denuncias o consultas ciudadanas. Este volumen refleja, para la Contraloría, una mayor apropiación del control fiscal social.
Desde otra cartera, la de Infraestructura, el organismo identificó 68 hallazgos fiscales por valor de 106.179 millones de pesos, derivados de 11 auditorías financieras. También emitió advertencias a Invías y a la ANI por retrasos en pagos a contratistas. “Estos proyectos que recuperamos le permiten al Estado mejorar el bienestar de la población”, indicó Luis Fernando Mejía, contralor delegado de esa dependencia.
Entre las iniciativas acompañadas destacan, aclaró Mejía, la Autopista Río Magdalena 2, que pasó de un retraso del 33% al 100% de ejecución, y la infraestructura social en San Andrés, que benefició a más de 56.241 habitantes.
Salud, energía y economía
Paola Aguirre, contralora delegada para el sector Inclusión Social. | Foto: W Radio Colombia
El sector salud fue uno de los puntos más críticos del balance. La deuda por servicios asciende a 32,9 billones de pesos y solo seis EPS cumplen las condiciones financieras de habilitación. “El sistema está en cuidados intensivos”, sentenció Julián Niño, líder del control fiscal del esquema.
Al respecto, la Contraloría alertó sobre barreras en el acceso, riesgos de iliquidez y demoras críticas en la Nueva EPS, que asegura a más de 11 millones de afiliados. Por ello, desde el ente se activaron unidades de reacción inmediata para evaluar en tiempo real la destinación de recursos para intentar amortiguar la crisis actual.
De otra orilla, en materia energética, el organismo advirtió un posible desabastecimiento de gas y electricidad debido a la falta de nuevos proyectos y la reducción en exploración nacional. El déficit combinado de subsidios supera los 3,3 billones de pesos. “No hay transición energética posible sin abastecimiento”, señaló Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
En cuanto al informe de la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía este reveló que las reservas probadas de gas alcanzan para 5,9 años y las de petróleo para 7,2, mientras la ejecución de comunidades energéticas apenas llega al 0,9% de un billón asignado. Por ello, Sánchez alertó que las tarifas podrían aumentar más del 25% por la dependencia de importaciones e incluso el contralor general dejó ver que podría presentarse un racionamiento sí no se toman medidas oportunas.
Posconflicto, justicia y educación
"No es posible hacer eficiente un sistema si se le quitan recursos, no tenemos margen de seguridad, debemos seguir trabajando para garantizar el suministro de energía", advirtió el contralor delegado del sector de Minas y Energía, Germán Castro. | Foto: W Radio Colombia
El posconflicto también fue objeto de seguimiento de la Contraloría. El seguimiento al Acuerdo de Paz entre 2017 y 2024 mostró una ejecución acumulada de 107,42 billones de pesos. No obstante, la entidad advirtió que hace falta aumentar los esfuerzos para implementar los puntos acordados al considerar bajo el nivel de ejecución, por lo tanto, continuará evaluando impactos y trazabilidad del gasto.
Además, el organismo destacó el premio a la Excelencia a la Justicia 2025, que recibió por primera vez gracias a la función de advertencia sobre demoras en sentencias y pagos pendientes a empleados oficiales, entre ellos la bonificación a 60.000 trabajadores judiciales.
Ahora bien, en educación, ciencia y cultura, se realizaron, explicó Andrey Rodríguez, contralor delegado, 26 auditorías financieras por 101 billones y 36 auditorías de cumplimiento por 44,6 billones, dirigidas a garantizar que los recursos lleguen a estudiantes, investigadores y comunidades, sin embargo, expresó su preocupación pues la brecha en la financiación de la formación superior se está profundizando lo que ponen en riesgo su sostenibilidad, por ello, instó al Gobierno a dar prontitud a al trámite de la reforma que requiere el sistema y que actualmente está en curso en el Congreso.
Finalmente, la Contraloría insistió, a manera general de conclusión, en la necesidad de aumentar la responsabilidad fiscal. Lo anterior debido a que la deuda pública alcanzó 1.115,18 billones en 2024 (68,9% del PIB), con un incremento anual de 154,61 billones, hecho que contrasta con el recaudo tributario que fue del 95,9%, por debajo de lo proyectado, situación que aumenta el déficit público.
