Se podrían perder 16.382 millones por la compra de Hacienda Simba por parte de ANT: Contraloría

La Contraloría General alertó que se podrían perder $16.382 millones correspondientes al anticipo que la Agencia Nacional de Tierras le dio hace un año y medio a la Sociedad de Activos Especiales por la compra de la Hacienda Simba, en Sucre, una de las más grandes en los Montes de María y que el Gobierno anunció con bombos y platillos. Resulta que aún el bien no ha sido escriturado ni transferido a nombre de la ANT.

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Según el ente de control, hubo irregularidades en la compra de este predio que fue usado como centro de entrenamiento de paramilitares.

Por ejemplo, la Contraloría señaló que este proceso no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social. Además, la ANT no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público.

Hay que recordar que la ANT suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de $27.304 millones, desembolsando un anticipo del 60 % ($16.382 millones).

“La Contraloría advirtió que esta situación configura un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, dado que la ANT no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público, así mismo genera una imposibilidad de adjudicación los beneficiarios de la Reforma Rural Integral contraviniendo la misionalidad de la entidad, en tanto no se ha perfeccionado la transferencia del dominio”, señaló el ente de control.

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Además, la entidad afirmó que aunque la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, la ANT hizo una entrega provisional de cerca del 60 % del predio a comunidades indígenas, sin acto administrativo que justificara dicho cambio, ni ajuste presupuestal.

“Este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público”, subrayó la Contraloría.