C. Constitucional concluye que MinSalud no cumplió con reajustar UPC y mantiene proceso en su contra
El alto tribunal determinó que no se ha dado cumplimiento a las órdenes que dio. Además, la Corte negó una de las pruebas que había solicitado el ministro, sobre la que ha hablado con insistencia: que se ordene a las EPS revelar sus libros contables.
Guillermo Alfonso Jaramillo / Ricardo Maldonado Rozo (EFE)
La Corte Constitucional, en Sala de Seguimiento, determinó mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el reajuste de la UPC.
Los magistrados habían ordenado a la cartera entregar un informe en máximo 48 horas con las acciones que habían sido desplegadas para dar cumplimiento al reajuste, pero, tras analizar lo allegado por el ministerio, señalaron que no se acreditaron las acciones para ajustar en suficiencia la Unidad de Pago por Capitación.
Para la Corte, es claro que el ministerio debía cumplir tres obligaciones centrales, lo cual no hizo:
“(I) Corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC; (ii) garantizar la suficiencia real de la UPC sobre la base de lo ordenado por la Corte Constitucional; y (iii) equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera”, se lee.
Ante esa realidad, la Corte, con decisión unánime -solo aclaración de voto del magistrado Vladimir Fernández- definió dar inicio a la fase probatoria del incidente de desacato, que podría generar sanciones contra Guillermo Alfonso Jaramillo.
Pero no sólo eso. La Corte Constitucional también negó varias pruebas pedidas por la cartera de salud, entre ellas, por ejemplo, que se ordenara a las EPS exhibir sus libros contables, algo que Jaramillo ha solicitado con insistencia para que se sepa en qué invierten los recursos.
Así también, la Sala ordenó que sea incorporada la documentación allegada por el Ministerio, y al mismo tiempo se definió la realización de una mesa técnica para la discusión de los puntos en los que se ha detectado incumplimiento, mesa que será fijada en febrero del próximo año.
