Centros Poblados: A extinción de dominio bienes por más de $65.000 millones de Emilio Tapia y otros

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de los supuestos cerebros del escándalo de corrupción de Centros Poblados.

Las propiedades afectadas están avaluadas en más de $65.000 millones de pesos y pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.

Esto, en medio de la investigación por las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.

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Los 23 bienes están representados en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que serían de los procesados por este caso.

“Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’”, detalló la Fiscalía.

La Fiscalía también impuso una medida cautelar con fines de extinción de dominio contra un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

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La decisión se adoptó en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República.

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“Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico, buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados”, detalló la Fiscalía.

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