Secuestran a 18 militares en Chocó en medio de operativo contra el ELN

Este 21 de diciembre, 18 militares que cumplían una misión contra el ELN en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, fueron secuestrados. Según el Ejército Nacional, más de 200 personas de comunidades del Pacífico habrían participado en la retención de los soldados bajo constreñimiento de actores armados. Los uniformados fueron trasladados de manera arbitraria a un resguardo indígena.

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El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército, expresó su preocupación ante la situación: “En desarrollo de operaciones militares adelantadas contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”.

El Ejército Nacional rechazó categóricamente los hechos y señaló: “Cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, es inaceptable”.

Además, hizo un llamado a las autoridades y líderes comunitarios para proteger la integridad de los militares: “Se hace un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”.

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Finalmente, el Ejército advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones: “La privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública son conductas reguladas por la ley y pueden generar responsabilidades penales. Hacemos un llamado a abstenerse de este tipo de acciones, que afectan la institucionalidad, vulneran derechos de nuestros soldados y pueden involucrar indebidamente a civiles, con las correspondientes consecuencias jurídicas”.