El ente de control halló que el excanciller obró conscientemente y siguió ocupando su puesto como Canciller a pesar de que había sido suspendido por el problema de los pasaportes.
La defensa del jefe de Estado sindicó una presunta comisión de varios delitos por parte del excanciller, motivados por una negativa desde el ejecutivo para conceder favores burocráticos a Leyva en beneficio de su hijo Jorge Leyva.
Para el presidente Gustavo Petro, hay un “golpe en flagrancia” que debe ser investigado.
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