Estos actos se dieron después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves” y más delitos.
El Gobierno argentino dijo que espera que la CIDH “resuelva con rapidez y exija su cumplimiento al Estado venezolano”.
En un documento entregado a la Corte Constitucional, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión señaló que, a pesar de los ajustes en los procedimientos de la Procuraduría, se sigue sin cumplir la orden concreta: que no pueda sancionar electos popularmente.
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