De acuerdo con la Contraloría, los porcentajes de atención en 8 de 10 servicios de la ruta de atención integral de menores de pueblos declarados en riesgo de extinción.
Las actuaciones de la Contraloría se realizan luego de varias denuncias ciudadanas y de los concejales de Bogotá.
El ente de control alertó porque dentro del Presupuesto General de la Nación no se han asignado los cerca 500 mil millones de pesos, necesarios para financiar las sentencias de la JEP que buscan reparar a las víctimas.
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