Desde la capital del Atlántico, la defensora Iris Marín reiteró las alertas tempranas que permanecen activas en el departamento y que advierten sobre la presencia de grupos trasnacionales.
Según el mapa de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo, ocho de los 30 municipios registrarían un riesgo electoral urgente y prioritario.
El órgano pidió mayor claridad sobre reparación a víctimas, garantías para comunidades étnicas y alertó sobre el riesgo de otorgar beneficios a reincidentes en la violencia armada.
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