Los trabajadores dormían en camas sin colchón, no tenían dónde guardar sus pertenencias y “la situación sanitaria era especialmente crítica, con solo un baño” para 31 personas.
La investigación policial comenzó a partir de información de un extranjero que alertó de un posible caso de explotación laboral.
Los magistrados consideraron que no hubo irregularidad en el trámite de la recusación contra el magistrado Camilo Suárez Aldana en el proceso de la decisión. Resta resolver otros recursos interpuestos por los abogados.
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