Las estaciones de gasolina de diez departamentos están en la mira por no cumplir con la documentación en la lucha contra minería ilegal y el narcotráfico. Si persiste la falta, se les hará la cancelación definitiva del registro y no podrán volver a comprar o vender combustible.
Los transportadores aseguran que realizar un incremento en el diésel llevará a que las tarifas del servicio aumenten para los viajeros, afectando principalmente a poblaciones campesinas, educativas, indígenas y regiones apartadas.
La solicitud presentada junto a los fiscales generales critica el uso ilegal de la ley por parte del Gobierno federal para invalidar los esfuerzos estatales en materia ambiental.
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