La decisión fue tomada contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y lavado de activos.
Voceros del gremio advierten que por un proyecto de decreto se afectaría la formalización minera, pondría en riesgo empleos y promovería la informalidad. Piden al Gobierno abrir un diálogo técnico urgente.
De acuerdo con la ACM, por medio de una valoración a los parámetros que permitirían justificar las medidas excepcionales, la situación en el Catatumbo no es grave ni extraordinaria, y se trata de un problema estructural.
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