Advierte la entidad que, de no accederse, resultaría más grave para el interés público avalar una crisis humanitaria debido a la falta de calidad y pérdida de vida, desespero e impotencia de los usuarios.
Las investigaciones disciplinarias que se adelantan en la entidad contra algunos funcionarios de la Administración Municipal serían los motivos de las amenazas.
La suspensión del programa educativo generó molestias entre los internos, quienes consideraban vulnerado su derecho a la educación como parte de su proceso de resocialización.
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